lunes, 20 de agosto de 2012

ARTICULISTA INVITADO Héctor Yunes Landa

El Congreso como factor de Equilibrio entre Poderes. 

En esta colaboración quisiera compartir con usted amigo lector una reflexión sobre el contexto en el que realizaremos nuestras tareas legislativas, quienes asumiremos el encargo ciudadano de formar parte de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. Varios amigos me comentan que pese a todo lo que pudiera pensarse, persiste mucho desconocimiento de las tareas que desempeña un legislador federal, sea éste un diputado o un senador, y ello ha derivado desde hace algún tiempo en que existan diversas especulaciones acerca de cuál es el papel que juega el Poder Legislativo en el funcionamiento del Estado Mexicano, e incluso si es necesario la permanencia de dicho Poder. 

En principio creo que a doce años del inicio de una nueva etapa en nuestro sistema político, identificada como la Alternancia, donde era previsible que se modificara el desempeño de las relaciones de poder existente entre el Ejecutivo Federal con los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, así como con los órdenes de gobierno estatal y municipal, y por supuesto los partidos políticos, también era de esperarse que tras un periodo razonable de aprendizaje y acoplamiento de todos los involucrados se restableciera la fluidez de la vida institucional del país. 

Ha sido un camino nada fácil y sin embargo considero que hemos avanzado con todo y la persistencia de vicios que debemos seguir eliminando por el bien de nuestra sociedad. Aunque por obvias razones de espacio no abundaré en ese entramado de relaciones, es aquí donde considero de especial importancia comentar el papel de los poderes que constituyen el Estado Mexicano. 

En este sentido, debemos señalar que el Congreso posee facultades específicas y exclusivas cuyo concurso resulta esencial para hacer viable cualquier acción de gobierno. La División de Poderes no es una ocurrencia de los políticos contemporáneos para dar chamba a los militantes de partidos políticos. En el siglo XVII en el mundo occidental tuvo lugar la transición de los sistemas de gobierno mixto a la separación de poderes. 

Hacia finales de ese siglo existía consciencia de la necesidad de limitar los poderes del Parlamento y del “Rey”, es el momento en el que surgió John Locke, proponiendo el establecimiento de límites a ambos poderes, y sentando claramente que la razón del establecimiento de un gobierno es debido a las insuficiencias del estado de naturaleza, pero faltaba “una ley establecida, fija y conocida”, “un juez público e imparcial” y “un poder que respalde y dé fuerza a la sentencia cuando ésta sea justa”. 

En esta línea de pensamiento, se fijó que la división orgánica de los poderes sería uno de los requisitos legitimadores del Estado constitucional. Para Locke, la principal y fundamental ley positiva de todos los Estados es el establecimiento del Poder Legislativo, pues este poder debe residir en el consenso del pueblo, como un órgano investido del consenso de los individuos. 

Ahora bien, en contraparte, el Poder Legislativo debería tener sus propios límites, concretándose en la ley como poder superior, vinculada a la realización de los fines del Estado y el mantenimiento de la libertad, así como conseguir la reconciliación de la supremacía legal con la separación de poderes, basando su tesis en la contención de todos los sujetos y poderes a la ley, incluido el “Rey”, afirmándose el Parlamento como poder supremo pero no absoluto, sino que las leyes deberían ser promulgadas de acuerdo con la ley natural, con las reglas generales propias de la legislatura, no para cada caso particular. 

De este modo los límites al Poder Legislativo se observarían en la relación existente entre la libertad, igualdad y separación de poderes, fundamentando la primera, en la formación del gobierno como paso del estado de naturaleza al estado social, que la ley debe respetar y tratar de formar igual a todos los ciudadanos para que, además, ninguno de ellos se vea privilegiado o mermado en sus derechos. 

Interpretando a Locke, la relación que se construye entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo es de equilibrio, pues mientras que el primero posee la supremacía derivada de la representación popular y la formulación de reglas abstractas, el segundo ostenta las prerrogativas necesarias para el correcto ejercicio de las funciones que les son inherentes. Montesquieu, por su parte, hizo grandes aportaciones a la teoría de división de poderes, cuyas principales características fueron, entre otras, asignar específicamente cada función esencial del Estado a un órgano que, por su composición, sea el más adecuado para cumplirlo, es decir, por lógica de racionalidad funcional; asimismo, proporcionar un modelo de validez universal, no limitándose a un Estado concreto, sino aplicable a cualquiera. 

En “El Espíritu de las Leyes”, Montesquieu formuló un modelo de las funciones estatales que ha sido aplicado y perdurado por más de dos siglos, el cual proporciona una visión clara de la vinculación entre el principio de legalidad y la división de poderes, así como la distinción precisa entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que constituirían los pilares del Estado de Derecho de corte liberal. 

Estos son breves argumentos de los dos pensadores de la Ilustración que son base de los Estados modernos, que en las circunstancias actuales y peculiaridades de nuestro país podemos retomar para expresar que la división de poderes no implica llegar a confrontaciones estériles, por el contrario, lo que debe hacerse, radica fundamentalmente en el acotamiento a la función de un poder a otro, inspirados por la búsqueda permanente de equilibrios que garanticen la gobernabilidad y el mejor desempeño institucional de cada uno de los órganos del Estado. 

Por supuesto que estamos en contra de las disfuncionalidades que en ocasiones se atribuyen a la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso, generalmente imputadas a la circunstancia de que exista una oposición mayoritaria que supuestamente impide el ejercicio adecuado del Ejecutivo. En la próxima legislatura tendremos oportunidad de coincidir plenamente y de inmediato con una necesidad que ya desde hoy reconocemos tanto el próximo Ejecutivo de la Nación, como los legisladores electos, me refiero a las reformas constitucionales de las que tanto se habla y que son indispensables para fortalecer la vida institucional del país, que habrán de facilitar el camino para la formulación de nuevos esquemas de participación social, así como las nuevas políticas públicas que nos urgen a los mexicanos. 

En mi opinión ese es el camino a seguir, ojalá esté usted de acuerdo conmigo en que la función del Congreso es insustituible como parte de un Estado que debe ser cada vez más sólido y robustecido por sus instituciones para estar en condiciones de crecer y desarrollarnos como demanda la sociedad. Tiene razón Enrique Peña Nieto cuando señala “Ahora viene lo más importante: encabezar gobiernos democráticos, coordinados y eficaces, que den resultados”. Todos podemos y debemos contribuir, incluida por supuesto la sociedad civil, hagamos nuestra parte.